Embargos

La situación actual por la que atraviesa el país está poniendo de manifiesto un serio problema de exclusión social al que se enfrentan en primer lugar las familias, pero también el gobierno. El Ministro de Trabajo ha declarado hoy que si bien los datos de déficit público no dejan mucho margen de maniobra, la ayuda de 420 euros para desempleados sin prestación debe ser ampliada con carácter urgente si se quiere evitar una crisis social que podría ser devastadora.

En este escenario, sorprende la indiferencia con la que el gobierno está acometiendo el problema de las ejecuciones hipotecarias que derivan en el embargo de la vivienda habitual y el posterior desahucio de la propiedad.

La moratoria hipotecaria establecida por el gobierno ha sido un completo fracaso, principalmente por la escasa colaboración de la banca que, en última instancia, es quien decide si la aplica o no.

Por otro lado la aprobación del desahucio Express, fue una medida tomada para proteger a los propietarios de una situación de impago, pero se olvidaron de las medidas adicionales indispensables, propias de un estado protector de los derechos fundamentales para las familias desahuciadas.

Esta situación, la morosidad masiva, viene provocada por una crisis que se produjo por la especulación de un sistema financiero que utilizó el afan de superación y crecimiento – en los términos en los que se transmitió la idea de progreso desde los medios de comunicación y las campañas publicitarias- de una sociedad para a través de la ignorancia y confianza total, firmó hipotecas con cláusulas abusivas en un país con serios problemas de productividad eficiente, criterio básico para el crecimiento.

Echar a una familia de la vivienda que ocupa como vivienda habitual, sin ofrecer medidas de protección social a un núcleo familiar; es decir a un grupo de personas que quedan en la indefensión –menores incluidos en muchos casos- embargadas y desahuciadas, debiera ser estudiado a fondo para comprobar si es constitucional.

Es inquietante y debe llevar a la reflexión por qué las ayudas estatales se dan a los bancos para realizar su fondo de reestructuración y ordenación bancaria y a la industria de vehículos para que venda más coches, pero no se establecen ayudas para las familias que se encuentran en situación de desahucio de su vivienda habitual.

Resulta también inquietante y nuevamente llama a la reflexión por qué España, un país que logró en tiempo record establecer una democracia regida por una constitución a la que se denominó la “carta magna de los derechos”, un país que logró grandes avances en términos de derechos laborales, derechos del consumidor y lo que es más importante aún , derechos humanos, habiendo sido advertidos por los órganos supervisores encargados de obtener datos y cifras del riesgo de morosidad que se está asumiendo y como la morosidad que llegará en septiembre afectará a familias tradicionalmente solventes, quienes se verán; primero en situación de embargo y, con total seguridad, en situación de un desahucio posterior.

No se han acometido medidas alternativas, correctoras y protectoras en pos de cumplir la constitución y proteger a los ciudadanos de la excusión social, uno de los porcentajes que miden con mayor vehemencia el crecimiento de un país.

Se han sentado precedentes muy negativos en términos de protección de derechos, la inmigración y el trato que se le dio, sentó el precedente para una sociedad que de forma cruel y con igual ignominia, los órganos encargados de la toma de decisiones en problemas tan graves como la ejecución hipotecaria masiva, los embargos que se cuentan por miles de la vivienda habitual y los desahucios – lentos o express- que suponen la exclusión social de una familia parte de una sociedad no acometen de forma responsable un problema tan serio, desconocido históricamente. Nunca antes en la historia de España los impagos habían producido el desahucio de la vivienda habitual para una familia, como resultado de una crisis económica.